El 24 de julio, un tribunal examinará el recurso interpuesto por el activista de derechos humanos Nabeel Rajab contra la condena de tres meses de cárcel que se le impuso por cargos de difamación relacionados con un mensaje difundido a través de Twitter. La vista del recurso se aplazó el 18 de julio.
En un caso distinto, un grupo de nuevo profesionales de la salud, cuyas sentencias condenatorias por su intervención en protestas contra el gobierno el año pasado fueron confirmadas en fase de recurso en junio, han sido citados para comparecer ante el Tribunal de Casación en la capital, Manama, el 30 de julio.
Amnistía Internacional ha adoptado ya a Nabeel Rajab como preso de conciencia, y ha afirmado que si alguno de los nueve profesionales de la medicina que están actualmente en libertad bajo fianza era encarcelado, sería preso de conciencia, recluido únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión.
“La farsa de la justicia se prolonga ya demasiado tiempo en Bahréin, y todos los presos de conciencia deben ser puestos en libertad de inmediato y sin condiciones antes de que se vean estos recursos”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Todas las sentencias condenatorias dictadas en su contra deben ser anuladas.”
Nabeel Rajab
Los cargos contra Nabeel Rajab, presidente del Centro de Derechos Humanos de Bahréin y director del Centro de Derechos Humanos del Golfo, están relacionados con un mensaje que difundió a través de Twitter el 2 de junio sobre el primer ministro bahreiní, Shaikh Khalifa Bin Salman Al Khalifa, durante la visita oficial de éste a la zona de Al Muharraq.
El 6 de junio lo detuvieron después de que varios residentes de Al Muharraq se quejaran del mensaje de Twitter. El 14 de junio se presentaron en su contra cargos de difamación, y el 27 de junio quedó en libertad bajo fianza.
Tras una vista judicial celebrada el 9 de julio, lo detuvieron de nuevo y lo encarcelaron en la prisión de Al Jaw, en Manama.
Nabeel Rajab en su oficina en Bani Jamra, Bahréin © Isa Alhammadi http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nabeel_Rajab_at_his
Las condenas que se les impusieron oscilaron entre un mes y cinco años de cárcel, pero cinco de los encausados han pasado ya entre rejas el periodo íntegro de sus condenas. Otros nueve trabajadores de la salud juzgados junto con ellos fueron absueltos con anterioridad.
Si los cuatro trabajadores médicos restantes –Ali ‘Esa Mansoor al-‘Ekr, Ebrahim ‘Abdullah Ebrahim, Ghassan Ahmed ‘Ali Dhaif y Sa’eed Mothaher Habib Al Samahiji– o cualquier otro miembro del grupo son encarcelados, Amnistía Internacional consideraría que son presos de conciencia.
Activistas de la oposición
Amnistía Internacional considera motivo de preocupación asimismo la reciente decisión de un juez de celebrar a puerta cerrada todas las vistas futuras del caso de 13 destacados activistas de la oposición bahreiní, que serían filmadas.
Como respuesta a esta iniciativa, los 13 hombres –que mantienen su inocencia y son también presos de conciencia que están entre rejas por actividades políticas pacíficas desde el año pasado–, han pedido a sus abogados que no los representen más ante el tribunal. El Tribunal les ha designado nuevos abogados.
Varios encausados han denunciado en anteriores vistas judiciales para la tortura y otros malos tratos que presuntamente sufrieron mientras estaban detenidos, que incluían agresión sexual y otros actos de tortura para obtener “confesiones”.
Cumplen penas de prisión que van desde los dos años hasta la cadena perpetua por cargos falsos relacionados con su participación en protestas en pro de reformas a principios de 2011.
“En primer lugar, no deberían ser juzgados por el ejercicio de sus derechos, pero no sólo son juzgados sino que el juicio se celebrará a puerta cerrada, en un claro intento de ocultar la verdad”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui.
Amnistía Internacional continúa pidiendo la liberación inmediata e incondicional de todos los presos de conciencia en Bahréin, e insta a las autoridades bahreiníes a llevar a cabo unainvestigación independiente de todas las denuncias de tortura bajo custodia y a llevar ante la justicia a los responsables en juicios con garantías.
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