La Comunidad Valenciana, gobernada ininterrumpidamentepor el PP desde 1995, era el ejemplo a seguir, al menos, para los dirigentes de este partido, y pese a los casos de corrupción que no dejaban de aflorar. En enero de 2008, cuando lo peor de la crisis enseñaba ya sus dientes, el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ponía como ejemplo de buena gestión económica al Consell de Francisco Camps y afirmaba: "Ése es el modelo que yo quiero aplicar para el Gobierno de España". Javier Arenas, candidato entonces del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía, aseguraba por su parte que "gobernar no es gastar más, sino gastar mejor. Gobernar es imitar a Camps".
Hoy, cinco años después de la celebración de aquella Copa América, un año después de queAlberto Fabra sucediese al dimitido Francisco Camps al frente de la Generalitat, y un año después, también, de la intervención de la Caja Mediterráneo (CAM), la Comunidad Valenciana tiene las arcas vacías, un sistema financiero desaparecido, los funcionarios y los estudiantesen pie de guerra, la sanidad pública amenazada, una televisión autonómica en coma, decenas de políticos imputados por, o acusados de, corrupción, un puñado de megaproyectos fracasados y bastante menos respaldo político (no hay ningún valenciano en el gobierno de Rajoy ni en ninguna secretaría de Estado). Este viernes, se convirtió, además, en la primera comunidad en solicitar la adhesión al fondo de liquidez autonómico del Estado, es decir, en pedir un rescate financiero.
Al igual que en el resto del país, el desempleo es, junto al déficit público, el otro gran problema de la Comunidad Valenciana. La buena noticia es que bajó en el mes de junio (un 1,59% menos); la mala, que lo hizo por debajo de la media española (-2,10%). No obstante, en el último año, el paro ha subido en la Comunidad Valenciana un 8,66%, menos que la media del país, que ha sido del 11,97%. Solo tuvieron un menor crecimiento del paro en el último año Cataluña y Baleares.
En 2009, dos de las tres principales entidades financieras de la Comunidad Valenciana,Bancaja y Caja Mediterráneo (CAM), ocupaban el tercer y cuarto puesto, respectivamente, en la clasificación de las entidades de ahorro españolas. La tercera gran pata del sistema bancario local, el Banco de Valencia, ganaba en 2008 unos 150 millones de euros. Hoy, la CAM y el Banco de Valencia han sido intervenidas y Bancaja está integrada, sin poder ejecutivo, en la ahora nacionalizada Bankia.
- Terra Mítica, el parque de atracciones levantado por Zaplana en Benidorm con dinero de Bancaja, la CAM, empresarios privados y la Generalitat, costó 377 millones de euros. Tras entrar en suspensión de pagos en 2004 y registrar pérdidas continuadas, ahora pertenece al grupo Aqualandia, que lo compró en 2010 por 65 millones de euros, casi seis veces menos de lo que costó originalmente.
- La Ciudad de la Luz, en Alicante, un gran centro audiovisual de ocio de 320.000 metros cuadrados dedicado al mundo cinematográfico, y construido en el año 2000 con dinero de la Generalitat, reconoció en octubre de 2011 una deuda por pagos pendientes de 8,5 millones de euros. Está inmersa en un rosario de procesos judiciales, y la sociedad que la explota, Aguamarga Gestión de Estudios, entró en concurso de acreedores en diciembre de ese mismo año.
- El Aeropuerto de Castellón ha costado unos 200 millones de euros, de los que unos 70 millones han salido de las arcas públicas. Está inaugurado, pero no tiene aún permiso para la navegación aérea. Tampoco tiene aviones, salvo el que adorna la estatua que lo preside, inspirada en la persona de la que partió el proyecto, el ahora expresidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra (PP, 1995 - 2011). Fabra está imputado judicialmente por diversos delitos de tráfico de influencias, cohecho y delito fiscal. Concebido teóricamente para afianzar la economía de la provincia a través del ocio, junto a futuros parques temáticos ("Mundo Ilusión"), torneos internacionales de golf (12 campos proyectados) y enclaves residenciales ya existentes (Marina d'Or), el aeropuerto iba a dar servicio a los ocupantes de 40.000 viviendas de una nueva macrourbanización, con la consiguiente recalificación de terrenos. Ni las viviendas, ni los campos de golf, ni el parque temático se han construido.
- El gran premio de Fórmula 1 en Valencia fue anunciado en 2007 por Bernie Ecclestone, presidente y director ejecutivo de la competición, tras las gestiones de Francisco Camps, y con la condición de que éste ganase las elecciones autonómicas. Pese a que Camps aseguró que el circuito sería financiado por promotores privados, el Consell tuvo que acabar pagando 80 millones de euros. Según informó El País, la celebración de los siete grandes premios programados le van a suponer a las arcas públicas valencianas más de 244 millones, entre los pagos a Ecclestone, las infraestructuras para la carrera y el canon que paga la televisión valenciana por retransmitir los grandes premios. De acuerdo con el mencionado diario, el actual gobierno de Alberto Fabra ha intentado anular los contratos, pero se ha encontrado con que la penalización es casi tan cara como la celebración del evento. Ecclestone, entre tanto, ya ha confirmado que a partir de 2013 Valencia deberá alternarse con Barcelona para la organización del gran premio en España, una cooperación que negocian ambas ciudades.
- En el caso de los trajes, la vertiente valenciana del caso Gürtel, se investigaron los regalos otorgados al entonces presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y a otros altos cargos de su gobierno a cambio de adjudicaciones públicas o actos organizados por el PP en la región. Fueron imputados el propio Camps, que terminó dimitiendo de su cargo, y el ex secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa. Víctor Campos, exvicepresidente de la Generalitat, y Rafael Betoret, exjefe de gabinete de la Consellería de Turismo, se declararon culpables. El 25 de enero de 2012, Camps y Costa fueron absueltospor un jurado popular. El Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) ha recurrido el archivo de la causa interponiendo un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
- En el caso Nóos, una de las piezas del caso Palma Arena, está imputado el duque de Palma, Iñaki Urdangarin. Según la investigación, el marido de la infanta Elena y uno de sus socios, Diego Torres, también imputado, se habrían embolsado grandes cantidades de dinero público entre 2005 y 2007 a través de la organización sin ánimo de lucro Fundación Nóos, que Urdangarin presidía. Nóos operó, sobre todo, con los gobiernos populares de Baleares y la Comunidad Valenciana.
- En el caso Brugal, empresarios alicantinos vinculados al sector de la recogida de basuras y al urbanismo habrían sobornado a políticos del PP a cambio de adjudicaciones y otros favores. La causa tiene una veintena de ramificaciones en las que están imputados los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz, además del líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll. El sumario también implica a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo.
Se trata, en concreto, de Ricardo Costa (portavoz de Economía en las Cortes y secretario general del grupo popular, imputado por la presunta financiación irregular del PP valenciano),Vicente Rambla (coordinador de Economía del grupo popular, imputado en el mismo caso),David Serra (portavoz adjunto del PP, imputado en Gürtel), Milagrosa Martínez (actual alcaldesa de Novelda, imputada por prevaricación y cohecho por contratos adjudicados cuando era consellera de Turismo), Angélica Such (secretaria de la mesa de las Cortes Valencianas, imputada por supuestas irregularidades en contrataciones de Fitur), Yolanda García(extesorera del grupo parlamentario popular, imputada también por la presunta financiación ilegal del partido), Rafael Blasco (portavoz del PP en las Cortes Valencianas, acusado de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos), Sonia Castedo (alcaldesa de Alicante y diputada, implicada en el caso Brugal), Luis Díaz Alperi (antecesor de Castedo, acusado de los mismos delitos que ésta),Pedro Ángel Hernández Mateo (diputado en las Cortes y ex alcalde de Torrevieja, imputado por supuestas irregularidades en contratos de adjudiciación), y Mayte Parra (alcaldesa de Ibi, investigada por todas las contrataciones que ha formalizado su ayuntamiento en los últimos años).
La Radiotelevisión Valenciana (RTVV), por su parte, anunció el pasado día 16 un Expediente de Regulación de Empleo que afectará a 1.295 trabajadores, con lo que la plantilla quedaría reducida a 400 profesionales. Según la propuesta de la dirección del grupo, este ajuste supone un ahorro superior a los 54 millones de euros, al pasar de un gasto en personal de 73,8 millones en 2011 a los 17,7 millones previstos para 2013.
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